El proyecto establece que el nuevo cuerpo de seguridad podría estar integrado por funcionarios municipales, personal policial retirado, efectivos del régimen 222 y empresas de seguridad privada habilitadas, garantizando “profesionalismo, legitimidad y operatividad”. Los integrantes recibirían capacitación en derechos humanos, normativa departamental, Código de Proceso Penal y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la iniciativa dispone la elaboración de protocolos de coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, así como un registro único de intervenciones. La intendencia, además, debería remitir informes semestrales de gestión a la Junta Departamental con los resultados de la guardia.

En la exposición de motivos, Abdala asegura que “Montevideo enfrenta una creciente complejidad en la gestión del espacio público”, y que la ciudadanía reclama una ciudad “más ordenada, limpia y segura”.

Por otro lado, el edil nacionalista afirmó: “Este servicio civil de carácter administrativo se define por su vocación de cercanía con el vecino y su compromiso con la promoción de la convivencia urbana, sin invadir competencias propias de la Policía Nacional, pero colaborando en los ámbitos donde la autoridad departamental tiene competencia o puede complementar la acción del Estado”.

También destaca que el espíritu de la propuesta se inspira en experiencias exitosas en otros departamentos, como Cerro Largo y Florida, donde se han implementado cuerpos similares de vigilancia civil, y asegura que con la creación de la Guardia Departamental Montevideo daría “un paso firme hacia una gestión territorial más moderna, integrada y comprometida con las demandas reales de la ciudadanía”.